Andrés del Campo, presidente de Fenacore
El incumplimiento por parte de las distintas
administraciones a lo largo de las
últimas legislaturas de los acuerdos alcanzados
con las infraestructuras hidráulicas
de las que depende el regadío nos
ha llevado a los regantes, en principio,
a situarnos en una posición contraria a
los planes hidrológicos. Que, viendo el
mucho caso que han hecho a unos y la
discriminación que hemos sufrido otros,
bien podrían llamarse ideológicos.
Estas planificaciones desplegaban una
falta de credibilidad que invitaba a la
desconfianza y mostraban un apoyo débil
de las administraciones hacia una mayor
disponibilidad de agua para el regadío.
No cuentan con la importancia del agua
garantizada en las cuencas hidrográficas,
ni con la importancia del regadío para
asegurar la alimentación y su suministro,
ni su contribución en la lucha contra el
cambio climático y la despoblación de
las zonas rurales. Y un largo etcétera.
Sin embargo, los regantes somos usuarios
de algo menos del 70% del agua en
España, y por eso hemos ido buscando
un consenso que cumpliera unas condiciones
mínimas para poder apoyar los
planes hidrológicos venideros: el cumplimiento
de los planes hidrológicos vigentes
haciendo realidad los acuerdos
alcanzados, mayor apoyo al regadío y a
la modernización del casi millón de hectáreas
que aún quedan por transformar
o la búsqueda del equilibrio necesario
entre el medioambiente y la satisfacción
de las demandas.
A PESAR DE LOS INTENTOS DE LLEGAR A
ACUERDOS…
La realidad es que, en octubre del pasado
año, los 25 planes hidrológicos revisados
en el segundo ciclo (2015-2021)
incluían 11.224 medidas y una inversión
prevista de 22.332 millones de euros, pero,
hasta diciembre de 2018, únicamente se
habían nalizado el 7% de las medidas
con una inversión ejecutada de 3.650 millones
de euros, aproximadamente el 16%,
cuando el periodo transcurrido superaba
el ecuador temporal del plan. No se debería
permitir esta falta de inversión en
regadíos por parte de las confederaciones
hidrográ cas, cuando los organismos de
cuenca ingresan directamente de los regantes
alrededor de 100 millones de euros
de tarifas y cánones todos los años.
Además, al incumplimiento por parte
de las administraciones de los acuerdos
alcanzados con el regadíose le suma la
posición beligerante que durante los
últimos años parece haber adoptado la
Administración con este sector, ajena
a la importancia del agua en ámbitos
esenciales de nuestra vida. Y es que
mientras a nosotros nos dan portazo, a
las corrientes ecologistas más radicales
parecen extender la alfombra roja. De
manera que esta filosofía eminentemente
ambiental que marca el MITERD hace que
se busquen exclusivamente objetivos
ambientales y con la excusa de restituir
los ríos a su régimen natural sin evaluar
ni considerar los efectos sobre las demandas
existentes.
En ocasiones, los nuevos caudales ecológicos
exceden al régimen natural de
muchos ríos, que solo tendrían un caudal
circulante durante algunos meses del año
de un modo natural. Ahora se pretende que
mediante estos nuevos planes dispongan
de un caudal mínimo durante todo el año,
en detrimento de los agricultores y gracias
a los embalses ya construidos y nanciados
por los usuarios, disponiendo de un
agua que de otro modo sería utilizada para
riego por disponer de su correspondiente
concesión administrativa ya existente, a
veces desde tiempo inmemorial. De ser así,
el regadío se quedaría sin agua al disminuir
la garantía, hecho agravado también por
el cambio climático.
Los regantes criticamos que aún haya
casi un millón de hectáreas pendientes de
modernizar y que un porcentaje elevado
de las obras de regulación y de infraestructuras
hidráulicas de interés general no se
hayan ejecutado, pese a haberse recogido
en los sucesivos planes hidrológicos.
Para llegar a acuerdos es importante la
colaboración del conjunto de administraciones
públicas, el MITERD y los organismos
de cuenca con competencias sobre
el agua en España para que impulsen el
cumplimiento de los programas de medidas
comprometidas para ahorrar agua y
facilitar el acuerdo del regadío español
al nuevo ciclo de plani cación. En este
contexto también intentamos que el Ministerio
de Agricultura aprobara un Plan
de Regadíos que ayudara a que los presupuestos
de la UE, los estatales y de las
comunidades autónomas aumentaran las
dotaciones para modernizar los regadíos…
Y por si esto no fuera su ciente, emitimos
una carta al presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, para que incluyera 5.200
millones de euros en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de la
economía española, después de que las
medidas destinadas a las demandas de
agua apenas recibieran un 19% de la inversión
prevista en los planes hidrológicos.
El papel del regadío en la reconstrucción
social y económica de España es principal
y las obras de modernización también,
pues cumplen los objetivos en torno a la
contaminación y la despoblación de las
zonas rurales que plantea Europa: favorecen
la cohesión territorial, mejoran la
competitividad de la economía, mitigan el
impacto de la crisis y facilitan la transición
verde y digital.
EL REGADÍO, FUENTE DE RIQUEZA QUE
COMBATE LA DESPOBLACIÓN
La despoblación de la España rural es
un asunto pendiente que tiene el país al
que también podríamos hacer frente con
una adecuada planificación. El regadío
es necesario para resolver el problema
del reto demográfico, ya que 13 de las
15 provincias que más población han
perdido durante los 10 últimos años son
las que menos superficie regada tienen
y entre las provincias que mantienen o
crecen en población abundan las que
cuentan con mayores proporciones de
cultivos de regadío.
Además, el envejecimiento es más
acuciante en las zonas de secano y la
distribución de la población hombre-mujer
en las zonas con regadío resulta más
equilibrada, dado que estos cultivos contribuyen
a reducir la migración, sobre
todo, de las mujeres del mundo rural.
¿Y qué hay de la generación de riqueza?
El regadío la multiplica por 4,8 y por 4,5
la creación de empleo, en comparación
con el secano, y ayuda al desarrollo de
todo un conjunto de sectores económicos
relacionados con él, tanto ‘hacia
arriba’ de la cadena de valor (empresas
de suministros y maquinaria agrícolas,
servicios técnicos y financieros…), como
‘hacia abajo’ (agroindustria, transportes,
comercio mayorista y minorista).
Otro problema que se nos plantea a los
regantes es la subida de los precios del
agua, que amenazaría la supervivencia de
muchos cultivos y solamente respondería
al afán recaudatorio del Estado, por lo
que deben evitarse las modificaciones
del régimen económico-financiero del
agua. Con ello solo se conseguiría mermar
la renta de los agricultores, el sector
agrícola y disparar el desempleo en las
zonas rurales.
En este contexto, debería aplicarse un
esquema moderno y alineado con los criterios
económicos y tributarios actuales del
pago por servicios y la auto nanciación,
aunque habría que determinar qué precio
deben pagar por el agua los usuarios y
qué debe cargarse a los Presupuestos
Generales del Estado, ya que los costes
ambientales tienen que ser asumidos por
la sociedad en su conjunto.
Por último, si la sostenibilidad ambiental
debe ir acompañada de la sostenibilidad
económica y social, conviene actuar
con prudencia en el establecimiento de
los caudales ecológicos, que no pueden
crecer en todos los planes hidrológicos.
Sin embargo, deben asumir parte de los
cánones de regulación, las concesiones
tienen que respetarlos y hay que mantener
el derecho a indemnización cuando se generen
perjuicios. Los regantes colaboran
a diario en el establecimiento de caudales
ecológicos, pero no pueden renunciar a las
garantías que otorga un Estado de Derecho
moderno, por lo que conviene realizar
un análisis jurídico de lo que supondría
la aplicación de los caudales ecológicos
para las concesiones vigentes.
SEGUIMOS BUSCANDO NUEVOS
ACUERDOS REALES Y EFECTIVOS
Lo importante es encontrar un equilibrio
entre el medioambiente y la satisfacción
de las demandas de agua, de
forma que cada plan hidrológico debe
realizar un análisis completo y riguroso.
Los regantes hemos realizado negociaciones
difíciles y hemos alcanzado grandes
acuerdos con todos los gobiernos de la
democracia para facilitar la aprobación
y aplicación de importantes leyes y planes.
Pero de las decisiones que se tomen
ahora dependerá la gestión del agua no
solo en los próximos seis años sino en
las futuras décadas, ya que los efectos
de la planificación hidrológica y de las
infraestructuras son perceptibles a medio
y largo plazo.
Hemos alcanzado acuerdos tan significativos
con diferentes gobiernos como
los relativos a la Ley de Aguas de 1985 y
sus Reglamentos de 1986 y 1987 y a los
ciclos de planificación hidrológica de
1998, 2014 y 2016.
Pero las medidas mínimas que pedíamos
no se han integrado. Nuestras alegaciones
y observaciones a los Esquemas
de Temas Importantes (documento base
para la redacción de los planes hidrológicos)
fueron prácticamente ignoradas,
mientras que las corrientes ecologistas
más radicales han logrado imponer
su ideología. Los representantes de los
regadíos no hemos encontrado en los
organismos de cuenca voluntad de negociación
ni interés en cerrar acuerdos. Y
yo me pregunto, ¿son planes hidrológicos
o ideológicos?
